Phoenix, Ariz. — Cuatro de los Comisionados recientemente escribieron a la Gobernadora Hobbs solicitando su intervención en favor de los clientes del Proyecto de Riego de San Carlos (SCIP), gestionado por el gobierno federal. Los clientes fueron informados recientemente de aumentos masivos en sus facturas mensuales de servicios públicos debido a la incapacidad del gobierno federal para comprar energía en el mercado abierto a un costo razonable. SCIP es una utilidad gestionada por el gobierno federal y no está sujeta a la regulación de la Comisión o del Estado de Arizona. Aproximadamente 10,000 clientes en el centro de Arizona son miembros de SCIP, incluido aproximadamente el 80% ubicado en tierras no tribales.

En la carta del 11 de octubre liderada por el Comisionado Thompson y firmada por los Comisionados Márquez Peterson, Myers y el Chairman O’Connor, el grupo señaló intentos anteriores de la desinversión federal de SCIP. En 1991, el excongresista Jim Kolbe presentó el H.R. 1476 (Ley de Desinversión del Proyecto de Riego Indio de San Carlos de 1991). El proyecto de ley contó con el apoyo bipartidista de la delegación de Arizona y se convirtió en ley en diciembre de 1991. Desafortunadamente, el plan para completar la desinversión y liberar a los clientes de SCIP de la autoridad federal nunca se materializó por completo. Los Comisionados instaron a la Gobernadora a reactivar las discusiones colaborativas con socios federales para explorar una solución para los clientes que sea receptiva y responsable ante los Arizonenses, incluida la posible desinversión.

Además, los Comisionados instaron a la Gobernadora a explorar protecciones financieras provisionales que el Estado podría proporcionar a los clientes de SCIP para aumentar la red de seguridad y proteger a los usuarios más vulnerables afectados por el reciente impacto tarifario dramático. Los Comisionados destacaron la posibilidad de acceder a los aproximadamente 13 millones de dólares proporcionados recientemente por el gobierno federal a Arizona en subvenciones de "fórmula de resiliencia". Los Comisionados también señalaron que se podrían solicitar fondos federales para proporcionar el mantenimiento necesario y costoso y las mejoras a la red de SCIP.

Por último, los Comisionados señalaron que, aunque la Gobernadora escuchó de las empresas de servicios públicos de Arizona en julio que los clientes no corrían el riesgo de perder el servicio eléctrico debido a dificultades financieras o impagos durante los meses de calor, no existen protecciones federales similares para los clientes de SCIP. La Comisión ha adoptado protecciones para los clientes de Arizona de las utilidades reguladas por la Comisión, asegurando que no se cortará la energía a los clientes vulnerables durante las partes más peligrosas del verano. Los Comisionados expresaron preocupaciones de que los peligros seguirán surgiendo para los clientes de SCIP una vez que regresen las altas temperaturas, a falta de cualquier garantía del gobierno federal de que se protegerá a los clientes vulnerables.

Favor de ver la carta, aqui.